Un día como hoy, 16 de diciembre, pero del año 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065 (XX) sin votos en contra, la cual reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido en torno a las Islas Malvinas y estableció que debe encontrarse un arreglo por medios pacíficos a través de la negociación entre las partes.

La Resolución contiene los elementos centrales que encuadran la Cuestión Malvinas: reconoce que el caso de las Islas Malvinas es una de las formas de colonialismo al que se debe poner fin; toma nota de la existencia de una disputa entre los gobiernos argentino y británico; e invita a las dos partes en la disputa (la Argentina y el Reino Unido) a entablar negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica al problema y a informar el resultado de las mismas al Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas y a la Asamblea General.

Además, la resolución tiene en cuenta los objetivos y las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas y el principio de integridad territorial de la Resolución 1514 (XV), así como los intereses de la población de las Islas (excluyendo la aplicación del principio de autodeterminación).

Desde entonces, la Argentina ha contado con un amplio respaldo de la comunidad internacional, expresado tanto en las resoluciones posteriores de la Asamblea General (3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25) y del Comité Especial de Descolonización – la más reciente de ellas adoptada el 18 de junio de 2025–, así como en las declaraciones de la Organización de Estados Americanos – la última del 27 de junio pasado - y en numerosas declaraciones de foros regionales y multilaterales, como el Grupo de los 77 más China, MERCOSUR, el Consenso de Brasilia, la Cumbre Iberoamericana, entre otros. En cada una de estas instancias, la Argentina ha contado con el tradicional apoyo de Bolivia.

En el marco del proceso de descolonización de las Naciones Unidas y luego de la adopción por la Asamblea General de la Resolución 2065 (XX) se inició un proceso de negociaciones bilaterales que se extendió hasta 1982. Durante ese período, ambos países analizaron varias hipótesis de solución de la disputa, no pudiendo arribar a un acuerdo.

Desde entonces, el Reino Unido alega que no entrará en negociaciones con la Argentina a menos que los habitantes del territorio así lo deseen. Este razonamiento no encuentra sustento alguno en el derecho internacional. La Asamblea General ha reconocido el derecho a la libre determinación de los pueblos en aquellos casos en que ha entendido que éste resulta aplicable. Sin embargo, ese no ha sido el caso de las Islas Malvinas: ninguna de las resoluciones sobre la Cuestión adoptadas por la Asamblea General o el Comité Especial de Descolonización refiere a dicho principio.

La actual composición de la población de las Islas es el resultado de la colonización por parte del Reino Unido, quien luego de ocupar por la fuerza el territorio y expulsar a las autoridades argentinas en 1833, implementó medidas para impedir el asentamiento de argentinos desde el territorio continental y favorecer el establecimiento en las Islas de súbditos británicos, con el propósito de definir una composición demográfica a la medida de sus intereses. Esta población no ha sido sometida, dominada o subyugada por una potencia colonial ni constituye una población étnica y culturalmente distinta de la potencia ocupante, tal como lo requieren las resoluciones 1514 y 1541 de la Asamblea General. En este contexto, el “referéndum” convocado por el gobierno británico en 2013, que fue realizado sin intervención de la Asamblea General de las Naciones Unidas, carece de validez y no alteró de modo alguno la situación existente.

Por las razones antes expuestas, el principio de la libre determinación no resulta aplicable a la “Cuestión de las Islas Malvinas”.

Han pasado treinta y cinco años desde que la Argentina y el Reino Unido restablecieron relaciones diplomáticas, a través de un acuerdo bilateral con cláusula de salvaguardia de soberanía, la cual resguarda sus respectivas posiciones en la disputa sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La falta de una solución a esta disputa ha obstaculizado el pleno desarrollo de la relación bilateral, situación agravada por actos unilaterales británicos en contradicción con la Resolución 31/49. El Reino Unido mantiene una presencia militar desproporcionada en el Atlántico Sur, contraria a pronunciamientos de la Asamblea General —en particular, la Resolución 41/11— y de otros organismos internacionales.

Además, otorga de manera unilateral, ilegal e ilegítima licencias y concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, incluidos hidrocarburos y recursos pesqueros en la zona en disputa. Estas acciones han sido, y seguirán siendo, denunciadas por la Argentina.

Hace pocos días, el 11 de diciembre, la Cancillería argentina emitió un Comunicado en rechazo a la pretendida “Decisión Final de Inversión” anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc, de origen británico, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, de origen israelí, para el desarrollo del yacimiento “Sea Lion” ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las Islas Malvinas, sin contar con los permisos de la autoridad competente argentina, y en el que se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos, derecho ampliamente reconocido por la comunidad internacional y reiterado en numerosos foros multilaterales y regionales.

En el 60° aniversario de la adopción de la Resolución 2065 (XX), la Argentina reafirma una vez más su firme compromiso con la resolución pacífica de las controversias y un orden internacional basado en normas; e insta al Reino Unido a adoptar el mismo compromiso, cumpliendo con sus obligaciones en materia de descolonización, conforme lo establecen las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización.

Asimismo, en nombre de todo el personal de la Embajada Argentina y los Consulados residentes, quisiera renovar el profundo agradecimiento al pueblo boliviano y todos sus gobiernos por el incondicional apoyo a mi país en esta disputa de soberanía, que espero tenga pronta resolución.

 

MARCELO ADRIÁN MASSONI

Embajador de la Argentina en Bolivia